En México hemos aprendido a reírnos prácticamente de todo. Basta que un político diga algo extraño, se tropiece con una palabra o aparezca en una fotografía poco favorecedora para que unas horas después ya esté convertido en meme y recorriendo todos los grupos de WhatsApp.
Así funciona la conversación de estos tiempos. Por eso llamó tanto la atención que una reforma pensada, según sus promotores, para combatir fraudes terminara siendo conocida en todo el país como la “Ley Antimemes”.
La explicación oficial es sencilla: nadie pretende perseguir al ciudadano que hace una burla en Facebook. El objetivo es quienes utilizan imágenes o elementos del gobierno para engañar a las personas, hacerse pasar por una autoridad y cometer fraudes.
Visto así, cuesta encontrar el problema. Nadie puede defender que alguien se haga pasar por una institución para quitarle dinero a la gente.
La inquietud nació en otro lado. Mucha gente comenzó a preguntarse hasta dónde termina el engaño y dónde empieza la sátira. No necesariamente por lo que pueda ocurrir mañana, sino por algo que conocemos bastante bien: a los gobiernos no siempre les gusta que se rían de ellos.
Y esa parte merece atención. Un meme puede parecer una tontería. Muchas veces lo es. Una fotografía, unas palabras encima y miles de personas compartiéndolo durante un par de días hasta que aparece el siguiente.
También puede ser una forma muy sencilla de crítica. Antes estaban las caricaturas en los periódicos. Ahora están los memes en el teléfono. Cambió la manera de hacerlos, no necesariamente lo que representan.
La gente utiliza el humor para decir cosas que de otra manera necesitarían páginas enteras. Una imagen puede exhibir una contradicción, recordar una promesa incumplida o simplemente burlarse de alguien que ocupa un cargo público.
Eso viene incluido con el poder. Lo curioso es que prácticamente todos los partidos entienden perfectamente el valor de la sátira cuando están en la oposición. Comparten caricaturas, videos, ocurrencias y memes contra quienes gobiernan. Incluso algunos equipos políticos producen ese contenido para pegarle al adversario.
La cosa cambia al llegar al gobierno. La misma broma que antes parecía libertad de expresión puede comenzar a sentirse ofensiva. Ahí está la parte que realmente importa de esta discusión.
No se trata de pensar que mañana habrá policías buscando al muchacho que hizo un meme del presidente. Tampoco de asegurar que existe un plan escondido para acabar con la sátira. No hay elementos para afirmar algo así.
Se trata de entender que cualquier regla relacionada con la manera en que usamos imágenes del gobierno debe dejar suficiente espacio para algo básico: el ciudadano tiene derecho a burlarse del poder. Incluso de mal gusto. Incluso injustamente. Incluso si al político no le causa ninguna gracia.
El fraude es otra cosa. Quien monta una página falsa para hacerse pasar por una institución y quitarle dinero a alguien no está haciendo sátira. Está engañando.
La diferencia parece bastante sencilla vista desde afuera. Conviene que siga siendo igual de sencilla para quien algún día tenga que decidirlo.
Esa es la conversación que dejó la llamada “Ley Antimemes”. Tal vez el apodo termine siendo exagerado. Tal vez nunca exista un solo caso relacionado con una caricatura o una publicación de burla. Mejor.
Significaría que todo este ruido sirvió al menos para dejar una cosa clara. Los políticos pueden cambiar las leyes, ganar elecciones y ocupar oficinas importantes. Lo que nunca deberían ganar es el derecho a decidir de qué puede reírse la gente.
El día que un meme necesite permiso del poder para causar gracia, el problema ya no será el meme.
PARATUS
